Acuciado por los atrasos en los pagos de los municipios y envuelto en una polémica, el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) cierra el año con una deuda que superaría los $1.500 millones.
Según las planillas internas y actas a las que accedió LA GACETA, con la empresa Moviser SRL el ente mantiene los principales atrasos. Se trata de la firma que realiza la mayoría de los servicios ligados al manejo de las 900 toneladas que a diario se recogen en el Gran San Miguel de Tucumán. Los desechos primero se separan y clasifican en la planta de transferencia de San Felipe y luego son trasladados en camiones al predio de Overo Pozo (al noreste) para su disposición final. Con esta empresa, y debido a la relación cotidiana de trabajo, la deuda es de más de $1.300 millones, según fuentes del Consorcio. Ese total se compone de $280 millones correspondientes a servicios impagos, de saldos que fueron acumulándose por pagos fuera de término durante los últimos tres años y, principalmente, por los $700 millones que demandó la construcción de una celda (pozo en el que se realiza el entierro sanitario). A esto, además, habría que sumarle la colocación de una membrana especial que sirve para evitar que los líquidos lixiviados contaminen el suelo.
Precisamente, esta constructora le había enviado el primer día de diciembre una nueva nota a la intendenta de la capital, Rossana Chahla, por atrasos en los pagos del consorcio. La nota dirigida a la jefa municipal fue firmada por Máximo Ignacio Jiménez Montilla, socio gerente de Moviser SRL. “Continuando con el reclamo que presentara con fecha 15 de noviembre del corriente año y no recibiendo respuesta alguna al mismo nos vemos obligados a reiterarlo en todos sus términos, pero particularmente solicitamos que de modo urgente, resuelva la situación”, se planteó.
El texto fue enviado a la jefa municipal de San Miguel de Tucumán ya que por estatuto, es ese municipio el que ejerce la presidencia del Consorcio y la que sostiene en un 70% los costos, debido al volumen y a la cantidad de la basura que se recoge en la capital.
En paralelo, el listado de deudas incluye cheques diferidos por unos $300 millones que debería levantar el Consorcio, de juicios próximos a salir por otro monto similar y de $50 millones a la AFIP.
Consultado por LA GACETA y de manera escueta, el actual titular del Consorcio, Oscar Rodrigo, afirmó que esos números deben ser revisados. Rodrigo ocupa la presidencia desde la renuncia de Juan Andrés Robles, a principios de diciembre, que representaba a San Miguel de Tucumán.
El Consorcio intermunicipal es integrado por la Capital, Yerba Buena, Las Talitas, Tafí Viejo, Alderetes y Banda del Río Salí. La polémica por la situación de ente cobró notoriedad en noviembre, cuando LA GACETA precisó que entre municipios, comunas y hasta reparticiones provinciales mantenían deudas por unos $769 millones (sólo la Capital se encuentra al día). Esto puso en jaque la clasificación y la disposición final de la basura que se recoge en el Gran San Miguel de Tucumán. Al punto que, durante dos semanas, los desechos se acumularon en la planta de San Felipe y no fueron enviados al predio de Overo Pozo para su entierro sanitario.
Municipios, comunas y hasta reparticiones provinciales mantienen deudas con el Girsu. Por eso, los intendentes que forman parte del consorcio habían sido notificados por Robles, ahora ex presidente del comité, en la última semana de noviembre sobre los atrasos que mantenían. En cada nota enviada a los intendentes, a los comisionados rurales y a la Secretaría de Saneamiento, el saliente Robles y su segundo Rodrigo (ahora a cargo de la presidencia), advirtieron sobre el riesgo de colapso de funcionamiento del consorcio. “Su falta de pago torna de imposible cumplimiento nuestra labor”, plantearon. Y prosiguieron: “Corresponde subrayar una vez más que los servicios bajo responsabilidad del Consorcio tienen el carácter de continuos, ininterrumpibles y ambientalmente sensibles por lo que existe una urgencia impostergable en garantizar el oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras por ante las empresas contratadas y evitar cualquier contexto de restricción, interrupción o suspensión de las prestaciones ante la afectación y responsabilidades que dicha situación podría generar impactando en definitiva en la comunidad toda”.
El consorcio fue creado durante la segunda gestión de José Alperovich y se dispuso que por su población y producción, fuera la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la que lo presidiera. Hasta 2009, la competencia en materia de residuos era del Poder Ejecutivo, ya que en 2005 se había aprobado la Ley 7.622. Pero mediante la ley 8.177 el Ejecutivo devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados. Estos deben girar mensualmente los fondos para el funcionamiento y la prestación de los servicios de traslado, separación en San Felipe y disposición final. Esa misma norma los facultó a crear consorcios intermunicipales para la gestión de la basura. En ese marco, y con aprobación de cada Concejo Deliberante, surgió el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.